DENUNCIAN EL USO DE VIOLENCIA SEXUAL COMO TORTURA EN CÁRCELES CUBANAS

📷 Ilustración: ADN Cuba | Martí Noticias | Web

Redacción

Un reportaje publicado el martes 4 de agosto por ADN Cuba y Martí Noticias recoge testimonios de personas presas, familiares y especialistas que denuncian el presunto uso de violencia sexual contra presos políticos como método de intimidación y tortura en cárceles cubanas.

El trabajo presenta casos en los que víctimas y organizaciones de derechos humanos aseguran que autoridades penitenciarias y agentes de la Seguridad del Estado habrían utilizado a reclusos comunes para agredir sexualmente a personas encarceladas por motivos políticos.

Uno de los casos es el de Julián Manuel Mazola, entonces preso político por las protestas del 11 de julio de 2021 (11J). En marzo de 2024 se denunció que sufrió un intento de violación en la prisión de máxima seguridad de Guanajay, Artemisa. Otras denuncias relacionan al presunto agresor, conocido como el Gago de San José, con hechos similares en el penal.

Según el reportaje, Mazola inició entonces una huelga de hambre junto con otros presos políticos del 11J para exigir una sanción contra el presunto agresor.

El trabajo también recoge el caso del preso político Onaikel Infante. Su esposa, Sujay Acosta, denunció que en enero de 2026 habría sido agredido sexualmente en una celda de castigo de la prisión de Agüica, Matanzas. Añadió que continuaba con secuelas meses después y que no había recibido atención psicológica.

Laritza Diversent, directora ejecutiva de Cubalex, afirmó a ADN Cuba que las agresiones sexuales en prisión «son un arma que se utiliza para controlar y doblegar».

Cubalex ha documentado denuncias de abusos físicos y sexuales en prisiones cubanas y advierte de la especial vulnerabilidad de las personas discriminadas por su orientación sexual o identidad de género, de menores y jóvenes recluidos con personas adultas y de presos políticos.

Especialistas y estudios citados en el reportaje señalan que la violencia sexual en prisión puede tener consecuencias físicas y psicológicas prolongadas, agravadas por la inseguridad y las dificultades para denunciar.

El trabajo atribuye la dificultad para conocer la magnitud del problema al control de la información penitenciaria, el temor de las víctimas y el estigma. Diversent añadió que en Cuba no existe una inspección independiente de las prisiones.