HASTA PENA DE MUERTE POR DAÑOS AL SISTEMA ELÉCTRICO
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El régimen cubano endureció las sanciones contra acciones que afecten el sistema eléctrico nacional, con penas que pueden llegar hasta 30 años de prisión, cadena perpetua e incluso la muerte, según un texto publicado este martes en el periódico oficialista Granma con criterios del Tribunal Supremo Popular.
El documento señala que el país enfrenta una situación compleja y atribuye parte de la crisis energética al embargo de Estados Unidos de América y a hechos que califica como sabotaje. En ese contexto, afirma que el régimen intenta sostener la generación eléctrica, un servicio que describe como esencial para la población.
La propia publicación reconoce daños a la infraestructura energética. Según el texto, varias personas han sustraído piezas, combustible y otros recursos de instalaciones como parques solares y grupos electrógenos, hechos que —según las autoridades— afectan el Sistema Electroenergético Nacional.
Estos casos serán procesados como sabotaje, delito recogido en el artículo 125 del Código Penal vigente desde 2022. La norma establece sanciones de entre siete y quince años de prisión por daños a infraestructuras energéticas, que pueden aumentar si existen consecuencias graves o uso de medios peligrosos.
En esos supuestos, las penas “oscilan entre diez y treinta años de privación de libertad, privación perpetua de libertad o muerte”, según el texto citado.
El Tribunal Supremo Popular respalda esta interpretación en el dictamen 475, de mayo de 2025, donde establece que cualquier afectación a infraestructuras críticas debe ser considerada sabotaje. Además, se contemplan agravantes como la actuación en grupo o la motivación económica.
Las autoridades informaron que, entre enero de 2025 y marzo de 2026, todas las personas juzgadas por delitos vinculados a estos hechos recibieron condenas superiores a diez años de prisión, junto con sanciones como confiscación de bienes.
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