FÉLIX Y SAYLÍ NAVARRO RECHAZAN ABANDONAR CUBA TRAS GESTIONES DE LA IGLESIA
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Los prisioneros políticos Félix Navarro y su hija Saylí ratificaron su decisión de permanecer en la isla y rechazaron propuestas para salir del país, tras gestiones de mediación realizadas recientemente por representantes de la Iglesia Católica. Las visitas ocurrieron en los centros penitenciarios donde ambos cumplen sanciones de 9 y 8 años de privación de libertad por su participación en las protestas del 11J, en el municipio matancero de Perico.
La información fue confirmada a Martí Noticias por Sonia Álvarez, esposa y madre de Félix y Saylí, quien explicó que un representante de la Iglesia visitó primero la prisión de Agüica, donde está recluido Navarro, y luego el centro penitenciario femenino La Bellotex, donde permanece su hija. En ambos casos, el planteamiento estuvo relacionado con la posibilidad de que abandonaran el país.
Durante el intercambio en Agüica, el representante eclesial mostró preocupación por el estado físico de Navarro, tras nuevos reportes sobre incidentes ocurridos en prisión. Después, se trasladó al penal de mujeres para conversar con Saylí y realizarle una propuesta similar, que también fue rechazada.
La mediación estuvo a cargo del obispo auxiliar de La Habana, Eloy Domínguez, responsable de la Pastoral Penitenciaria Nacional, estructura vinculada a la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba dedicada al acompañamiento espiritual de personas privadas de libertad y de sus familias.
Félix, líder del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, ha sido encarcelado en varias ocasiones. En 2003 integró el grupo de los 75 condenados durante la Primavera Negra, cuando recibió una sanción de 25 años de privación de libertad y fue reconocido como preso de conciencia por Amnistía Internacional.
Tras ser excarcelado en 2011, volvió a ser detenido junto con su hija, en el contexto de las protestas del 11J. Ambos fueron condenados en marzo de 2022.
En abril de 2025, las autoridades revocaron la libertad condicional de Félix y ordenaron su regreso a prisión. Desde entonces, organizaciones de derechos humanos han alertado sobre el deterioro de su salud y las condiciones de su reclusión.




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