BIENESTAR ANIMAL: UNA LUCHA OBSTACULIZADA QUE APENAS COMIENZA

✍️ Mario Ramírez 📷 Neife Rigau

“Hay alma en los animales”, anotaba como una visión el Martí reflexivo de los Cuadernos de Apuntes, el mismo a quien los pasquines de la prensa oficialista parecen olvidar por estos días aludiendo a que la patria no es de todos, o sometiendo a una campaña difamatoria a los jóvenes que pusieron en acción el espíritu que la dictadura persiste en mantener aletargado. Pero hoy no voy a hablar de estos jóvenes amorosos, sino de la contraparte de odiadores que, insatisfechos con el sometimiento de la dignidad plena del hombre y la mujer cubanos, se erigen en una posición cada vez más adversa al bienestar de nuestros animales.

Se suponía que para noviembre del año pasado, los animales en Cuba contarían con una ley que los protegiera del maltrato y otras prácticas discriminatorias, así como el reconocimiento de sus derechos en la actual Constitución del país. Tal fue la promesa de las instituciones nacionales, en lo que muchos, entre los que me incluyo, vieron un logro del creciente movimiento animalista en la isla. Pero la defensa de estos derechos, y las demandas que por una vía u otra llevaron a cabo nombres como los de Beatriz Batista y Javier Larrea, quedaron en la expectativa de una consulta legislativa cuyo cronograma de aprobación se presume entre en vigor este mes.

Lo que ha sucedido desde la instauración de la ley de leyes en 2019 hasta la fecha es el auge de la lucha activa en pro de la causa animal, como las batallas ganadas a Zoonosis y su práctica sistemática de la eutanasia; la creación de nuevos centros de acogida como iniciativas personales de muchos cubanos y la fundación de organizaciones independientes o con cierta independencia del oficialismo, como Bienestar Animal en Cuba (BAC) que preside Larrea, entre otras. Este último es partidario de una postura “reformista” que incluye el trabajo asociado a organizaciones estrechamente vinculadas al mecanismo estatal, como la decana ANIPLANT, que en sus más de tres décadas de trabajo, seamos sinceros, no ha avanzado mucho en materia de reconocimiento legal de los derechos de los animales.

Todo esto estaría muy bien, si no fuera por las represalias con las que el régimen suele “premiar” esos atrevimientos. Como todo lo que hace tambalear el statu quo de estricto control que establece el totalitarismo, cada uno de los caminos transitados por esta nada desestimable minoría de personas han sido obstaculizados y atacados por las fuerzas represivas del mecanismo. A quienes protestan pacíficamente, se les ubica en una vertiente opuesta, incluso en lo político, a las autoridades, y se les trata como tal, mediante la defenestración de sus demandas y el acoso a sus personas, de lo que ha sido víctima Batista, a quien los órganos de la Seguridad del Estado han intervenido, receptado y hackeado su teléfono celular en más de una ocasión. Muchos centros de acogida son de continuo asediados y desmantelados, principalmente cuando sus gestores se deciden a criticar el estado de cosas de la causa animal; verbigracia el caso de la protectora de animales Daimara Herrera, quien en 2020 fue condenada a prisión domiciliaria en su casa en Camagüey, donde alberga a un centenar de perros y gatos, tras una publicación en redes sociales donde acusaba de indolencia a las autoridades cubanas, ante un hecho criminal contra sus protegidos. En lo que va de año hemos lamentado el ejercicio cruel, tan parecido a muchas tácticas empleadas contra disidentes en la isla, por el que fueron envenenadas las mascotas de varios defensores animalistas, como en los casos de la santaclareña Leydi Laura Hernández, o más recientemente el propio Larrea.

Ya sabemos que cualquier lucha social acarrea un costo para sus protagonistas, pero la victimización a la que se han sometido a estas personas y animales en Cuba está muy alejada de lo que el presidente Díaz-Canel prometió en diciembre del año pasado, cuando habló de ubicar en un marco legal estas acciones. ¿Hace falta aclarar cuán ilegal ha sido la posición de las autoridades al respecto? En todo caso, hablar de una ley, cuando lo más elemental, la justicia, no está garantizada, discúlpenme el pesimismo, no promete un futuro muy alentador. El decreto de bienestar animal, al que Cuba llega con atraso en relación a los países latinoamericanos, podría convertir a los animales en objeto de derecho, pero eso no basta para impedir los desmanes que combatimos, principalmente en un orden que aspira a regular quiénes, cuándo y cómo se realiza este anhelo.

Para colmo, el brazo del régimen ha decidido tensar aún más la cuerda del problema, con la reciente aprobación del decreto 20 del 2020, del Ministerio de la Agricultura. Las nuevas contravenciones a la medicina veterinaria plantean un retroceso que tendrá consecuencias en la salud de los animales, los que a partir de ahora sólo podrán ser asistidos por profesionales del sector privado si clasifican en la categoría de “afectivos”. Este subjetivo condicionamiento, ¿no es en sí discriminatorio? ¿no es el mismo una “contravención” de aquello por lo que miles de personas luchan en la isla? En el mes en el que se anuncia el decreto de bienestar animal, esta medida se me antoja una compensación del sistema orwelliano temeroso de una rebelión… en la granja.

En la granja Cuba, cada día más parecida al latifundio de unos pocos, por demás ineficientes, el deseo de reconocer los derechos y garantizar el bienestar de nuestros almados animales, es una tarea que apenas comienza, y que deberá ser incorporada a las experiencias educacionales y culturales de la nación, si proyecta arraigarse en el alma cubana. Por suerte no son pocos los que tienen el firme propósito de sostener toda su vida este ideal. Yo me sumo a ellos en la creencia de que es posible, y en sumo grado necesario, el culto de los cubanos a la dignidad plena de todas las criaturas.

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