CUBALEX REGISTRA EN SEPTIEMBRE AL MENOS 12 MUERTES VINCULADAS A LA CUSTODIA DEL RÉGIMEN

Redacción

La organización de derechos humanos Cubalex documentó 12 muertes vinculadas a centros penitenciarios y al Servicio Militar en Cuba durante septiembre de 2026, según un informe publicado el 8 de octubre. La cifra es más del doble de los 5 fallecimientos registrados en agosto y la mayor registrada por la organización desde febrero.

De los 12 casos, 10 estuvieron relacionados con establecimientos penitenciarios. Dos de esas personas habían salido de prisión en estado grave de salud y murieron después. Los otros dos fallecidos eran reclutas de 18 años. Cubalex señaló que en 3 de los casos halló indicios de ejecución extrajudicial, lo que apunta a una posible responsabilidad estatal directa y requiere investigaciones independientes.

Uno de los reclutas fue Yandiel Jurado, quien falleció tras recibir un disparo dentro de una unidad militar en Manzanillo, Granma. Según testimonios citados por Cubalex, el disparo se produjo accidentalmente mientras otro recluta manipulaba un fusil. La organización también recoge versiones de que su madre se opuso reiteradamente al reclutamiento y recibió multas por esa negativa.

El otro fue Leordanis Ramón Ricardo, quien murió el 22 de septiembre en una unidad del Ejército Juvenil del Trabajo en Nipe, Holguín. Llevaba menos de dos meses incorporado. Según reportes independientes citados por Cubalex, recibía atención psicológica desde aproximadamente los nueve años y su familia habría presentado documentación sobre sus antecedentes de salud, pero fue declarado apto para cumplir el servicio militar. Las mismas fuentes denuncian presiones y maltrato verbal dentro de la unidad.

En el primer semestre de 2026, Cubalex documentó al menos 39 muertes bajo custodia estatal. Otro informe suyo registra 115 fallecimientos vinculados a prisiones entre febrero de 2024 y junio de 2026; al menos 80 se asociaron con negligencia o negación de atención médica. La organización advierte que sus registros constituyen un subregistro y reclama investigaciones imparciales y acceso de las familias a la información.