ARRESTO DOMICILIARIO Y MASONES AL SARTÉN

✍️ Barsine Sáinz
Lo que no cambia es el menú. Los ingredientes del sistema siempre incluyen el arresto domiciliario ante causas imposibles de probar. Ante la dignidad que se levanta, la respuesta es la restricción de movimiento y la presión sobre la gente. Los casos se cuentan por centenas. Hace unos días le tocó a la masonería.
Al revisar las notas de prensa de los últimos meses, encontré un patrón que se repite con precisión. En Cuba, la libertad de movimiento no siempre se pierde tras las rejas de una prisión; a veces, el encierro ocurre en el propio hogar. Organizaciones de derechos humanos y medios independientes han documentado el uso del arresto domiciliario como medida cautelar o restricción administrativa contra opositores y disidentes.
El primer caso que anoté fue el de Alina Bárbara López, académica y disidente. Según reportó la agencia EFE el 19 de julio, López fue detenida en dos ocasiones en Matanzas. Ella misma relató que los agentes le informaron que sería registrada por violar una medida de arresto domiciliario. Junto a otra académica, Jenny Pantoja, enfrenta un proceso por cargos de "ataque, desacato y desobediencia", cuyo juicio ha sido pospuesto en varias ocasiones.
El segundo caso es el de Aitana Echevarría, de dieciocho años. El medio independiente Cubanet informó el 23 de octubre que el régimen le impuso arresto domiciliario tras su participación en una protesta en Sancti Spíritus. Se le investiga por "desacato, incitación a delinquir y alteración del orden público". El propio artículo aclara que la medida se enmarca en el artículo 143 de la Ley de Procedimiento Penal, que regula las medidas cautelares, por lo que no constituye una sentencia condenatoria.
El tercer caso es el de Guillermo Fariñas, premio Sájarov 2010. El diario El Imparcial reportó el 7 de marzo que Fariñas fue detenido en Santa Clara y posteriormente puesto bajo arresto domiciliario. El propio Fariñas declaró a EFE que los agentes le comunicaron que estaba bajo arresto domiciliario y que dos oficiales de seguridad montaban guardia frente a su casa, impidiéndole salir.
El cuarto caso, y el que motivó esta columna, es el de los cuatro masones juzgados el jueves 5 de noviembre. Según la nota publicada por Hola Habana, la sentencia impuso limitación de libertad de entre dos y cuatro años para los procesados, una medida que restringe la libertad de movimiento y prohíbe salir del país, pero que no equivale a arresto domiciliario ni implica ingreso en prisión. Entre ellos figuran Ángel Santiesteban, ex prisionero político, y José Ramón Viñas, autor de una carta abierta al régimen criticando la agresividad contra las manifestaciones del 11 de julio de 2021. Ambos ocuparon el cargo de Gran Comendador. La sentencia también les prohíbe ejercer cargos. El cargo imputado es "cambio ilegal de divisas", según el régimen.
A estos casos se suma el informe de Human Rights Watch del 8 de abril, que señala que, además de los más de setecientos presos políticos en cárceles cubanas, "cientos de personas enfrentan arresto domiciliario y otras restricciones".
Estos cuatro casos, documentados por medios identificables, permiten reconstruir un patrón: la restricción de movimiento se utiliza tanto como medida cautelar en procesos penales como mecanismo de control extrajudicial. En la mayoría de los casos se impone sin sentencia firme.
📷 Anet García




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