LA LETRA PEQUEÑA

✍️ Barsine Sáinz

La letra pequeña del control: lo que las nuevas leyes dicen sobre nuestros hijos.

Soy partidaria de leer la Gaceta Oficial. En el paquete de leyes publicado el pasado mayo, uno no puede quedarse solo con el titular de la "actualización migratoria". Hay que ir al articulado. Lo hice con un bolígrafo en la mano. Tomé los puntos donde la letra pequeña revela un diseño normativo que va más allá de la simple regulación de fronteras. El resultado es un andamiaje legal que se inmiscuye en el núcleo de la familia cubana: la patria potestad de los hijos.

Ley 171, artículo 97, inciso h). Allí se establece, con una claridad que no deja lugar a dudas, que un menor de edad no puede salir de Cuba si no tiene una autorización notarial de sus padres. Si esa autorización no existe, el menor queda impedido de salir del territorio nacional a menos que un tribunal dicte una resolución. En la práctica, esto convierte un trámite notarial en un requisito determinante para la movilidad de las familias. La libertad de movimiento de un niño queda supeditada a un sello, a una firma y al permiso del régimen.

Ley 172, la de Ciudadanía. En su artículo 27, el texto legisla sobre los menores cuyos padres han sido "excluidos, suspendidos o privados de la responsabilidad parental". La norma exige que, en esos casos, se acredite quién será el representante legal o apoyo del menor. Es una regulación que amplía la intervención estatal en el ámbito familiar. El estado se arroga la potestad de decidir quién ejerce la representación de un menor y lo hace a través de un articulado que, en la práctica, permite que las autoridades asuman el control de los hijos cuando considera que los progenitores no cumplen con los requisitos establecidos. No hablamos de casos de maltrato infantil, hablamos de un mecanismo administrativo con consecuencias políticas.

Luego está el artículo 98 de la misma Ley 171. Ahí se faculta a la Autoridad Migratoria para prohibir la entrada al país a ciudadanos cubanos, incluidos los niños, bajo causales como "Defensa y Seguridad Nacional", "orden e interés público" o "emergencia". Es decir, que un menor puede ser separado de su familia o impedido de regresar a su patria sin necesidad de una orden judicial, solo con la firma de un funcionario. Aunque el propio artículo 98, en su apartado 3, menciona que la medida puede impugnarse mediante el Proceso de Amparo, en la práctica sabemos lo que eso significa en Cuba: un laberinto burocrático sin salida.

Para cerrar el círculo, el Decreto 136, en su artículo 237, detalla la documentación que deben presentar los menores para viajar. Documento notarial con la autorización de los padres que no viajan, especificando el país de destino, el tiempo y las escalas. Lejos de ser un simple requisito administrativo, este entramado legal busca que el régimen tenga siempre la última palabra sobre el destino de los hijos.

Este paquete de leyes no está  para garantizar la libertad de los cubanos. Busca perfeccionar el control. Al poner a los hijos en el centro de la burocracia migratoria, el régimen no solo ejerce presión sobre los padres, sino que se asegura de que la próxima generación no pueda escapar del laberinto legal que les han construido. La letra pequeña de la Gaceta Oficial lo deja claro: en Cuba, la libertad de los hijos no es un derecho, es una concesión que la dictadura administra a su antojo.

📷 Anet García