SOBERANÍA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA, OTRA FANTASÍA JURÍDICA DEL RÉGIMEN

✍️ Madelyn Sardiñas Padrón 📷 Inalkis Rodríguez

La idea surgió el pasado año, al parecer, para acallar voces y desviar las miradas de organismos internacionales que comenzaban a cuestionarse —no sin fundamentos— la seguridad alimentaria en Cuba. Me refiero a la ley no. 148, “Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional” y su reglamento, el decreto no. 67 del Consejo de Ministros, una de las 70 disposiciones normativas aprobadas por la Asamblea Nacional del Poder Popular en 2020.

No digo que los cronogramas legislativos deban ser camisas de fuerza; sin embargo, se ha priorizado la aprobación y publicación de esta ley —el pasado 28 de julio—, por encima de otras que sí son mandatos constitucionales, como las que regulan las manifestaciones, las asociaciones, la ciudadanía, la migración, entre otros derechos ciudadanos, en ausencia de las cuales los cubanos quedamos a merced de un sistema judicial que es más político que apegado al derecho.

Pero, ¿qué es la soberanía alimentaria y la seguridad alimentaria y nutricional y para qué sirve esta ley?

Según la propia norma, «la soberanía alimentaria es la capacidad de la nación para producir alimentos de forma sostenible y dar acceso a toda la población a una alimentación suficiente, diversa, balanceada, nutritiva, inocua y saludable, reduciendo la dependencia de medios e insumos externos con respeto a la diversidad cultural y responsabilidad ambiental».

Además, «la seguridad alimentaria y nutricional comprende el acceso físico y económico que posee cada persona, en todo momento, a alimentos suficientes, equilibrados, inocuos y nutritivos, para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias respecto a los alimentos, a fin de llevar una vida activa y sana» y los alimentos incluyen sólidos, líquidos, parcialmente líquidos, así como agua potable. Para considerarlos sanos y adecuados se observan su «inocuidad, calidad, componente nutricional, cantidad, equilibrio y aceptación cultural».

La nueva ley tiene como objetivo establecer el sistema nacional para la soberanía alimentaria y la seguridad alimentaria y nutricional, es decir, comisiones y más comisiones para analizar lo analizado, las que rendirán cuentas si alguien se lo pide. Al leer el texto, tuve la sensación de estar en una charla retórica sobre el tema, más que encontrar allí verdaderos caminos hacia esa soberanía alimentaria que tanto pregona.

De los principios que soportan el derecho a la alimentación —y que rigen las políticas públicas— hay dos que llamaron mi atención: la autenticidad y veracidad en estrecha vinculación con la calidad e inocuidad de los alimentos; y el respeto a las tradiciones culturales.

¡Autenticidad y veracidad, dicen! ¡Si ni siquiera se etiquetan los productos de acuerdo a las normas de protección al consumidor! ¿Cuántos ingredientes se cambian en las “recetas” originales y el pueblo se entera cuando nota la diferencia al consumir el producto o simplemente al verlo? Para colmo, el reglamento establece como contravención “carecer de sistema de control de la trazabilidad de los productos alimenticios por parte de las entidades vinculadas a la producción, transformación y comercialización de alimentos”.

¿En serio? ¿Cómo van a demostrar la existencia de un sistema de control de la trazabilidad si, en muchos casos, ni siquiera tienen identificación del producto de que se trata? ¿Cuántas torrefactoras de café van a cerrar porque el café no es café o cuántos directivos de la alimentaria van a ser multados por aprobar normas y elaborar productos con materias primas o proporciones de estas diferentes sin el debido estudio de mercado?

El propio Miguel Díaz-Canel tuvo la desfachatez de informar ante el órgano de las Naciones Unidas encargado de la Alimentación, que en Cuba se garantizan 19 productos a todos los cubanos a través de la canasta familiar normada. ¡MENTIRA! Ni son 19, ni la cantidad es suficiente, ni todos los productos son para todos, eso, sin mencionar la calidad y las condiciones en que se comercializan algunos de esos productos.

¿Respeto a las tradiciones culturales? ¡Eso quiero verlo! Cada vez que a alguien se le ocurre “introducir” alimentos en la dieta de los cubanos, cuando va para la Mesa Redonda, o algún programa de las emisoras de radio o TV locales, y anuncia sus curieles, las tripas, los huevos de avestruz, la tenca, la moringa, la mortadella roja (algo así como una morcilla con el triple del diámetro que tiene la original), la gaceñiga con aceite en lugar de manteca repostera, los dulces con azúcar crudo en lugar de refino, el pan con harina de yuca o de boniato, o lo que le parezca, es porque ya eso está en producción y a la venta.

¿A quién quieren engañar? Lo triste es que esto se ha escrito en una ley, que será violada con total impunidad por los mismos que la escribieron, la aprobaron y dicen que la pondrán en práctica. A lo sumo, espero que servirá para perseguir a los pequeños productores privados, quienes, además de pasar trabajo para producir y comercializar sus productos, tendrán encima a cuanto inspector de cuerpo de inspección haya, en muchos casos, tratando de obtener beneficios a cambio de no revelar las infracciones que detecten.

La ley introduce el término “producción sensible a la nutrición”, entendida como la producción que tiene en cuenta las preferencias y demandas alimentarias de las personas mediante la realización de estudios de mercado, a los efectos de prevenir y reducir las pérdidas y desperdicios de alimentos por su rechazo durante la comercialización.

Según lo escrito, cada variación que se haga de una norma de elaboración debe estar avalada por un estudio de mercado. ¿A quién le preguntan si quiere comerse la mortadella, que ya no es mortadella, fabricada con harina de soya o de maíz o de lo que aparezca? Según esto, a todos los cubanos —o al menos a una muestra verdaderamente representativa de la población— deberían preguntarnos si queremos comernos el cada día más asqueroso picadillo de soya que se vende como parte de esa canasta familiar normada o si nuestro organismo necesita 20 y no cinco huevos al mes.

¡NO ES ASÍ, ni lo será, porque lo que importa al régimen cubano es cómo lo ve el mundo y no lo que sus ciudadanos opinan de su gestión! Para rematar, se incluyen entre las infracciones “incumplir, sin justa causa, con la producción de alimentos sensibles a la nutrición” e “inobservar o no crear medidas para reducir las pérdidas y desperdicios de alimentos durante las etapas de cosecha, poscosecha, transformación, comercialización y transportación”.

¡Qué bárbaro! ¿Qué es una “justa causa”? ¿Que se pierdan las cosechas en los campos porque no hay cómo transportarlas? ¿Que haya que desperdiciar la leche, porque no hay cómo mantenerla fría o que la producción de pan de media jornada deba ser desechada (cosa que no se hace, pues se vende a la población con la calidad que salga y al mismo precio), porque algún ingrediente no tenía la calidad requerida o se pasó del tiempo de reposo de la masa o hubo un apagón durante el horneado? ¿Qué los agricultores no pudieron acceder a los fertilizantes, plaguicidas o incluso a semillas de calidad adecuada o a la cantidad de agua que necesitaban para lograr los rendimientos esperados en sus cosechas? ¡Alguien que me dé una luz, por favor!

¡Mucha muela y poca concreción! Estoy segura de que en palacio ya duermen tranquilos por haber publicado esta ley que no es otra cosa que un conjunto de “pautas” y una declaración de responsabilidades que, como siempre, quedarán sólo en el papel y de muy poco o nada servirán para sacar al pueblo de Cuba de la crisis alimentaria en que se encuentra. Si a esto se suma un parlamento incapaz de cuestionar absolutamente nada, no dudo que jamás veamos, siquiera, una rendición de cuentas de la Comisión Nacional de Soberanía Alimentaria.

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