PERSONAS MAYORES DE 60 AÑOS PRESAS POR MOTIVOS POLÍTICOS, ENTRE LAS MÁS VULNERABLES

Las personas mayores de 60 años encarceladas por motivos políticos en Cuba enfrentan un mayor riesgo debido al deterioro de su salud, las dificultades para acceder a atención médica especializada y la falta de medidas humanitarias que les permitan cumplir sus condenas fuera de prisión, advirtió la organización Cubalex en un análisis publicado el 24 de julio.

Según la organización, no existe un registro público que permita determinar cuántas personas mayores de 60 años permanecen encarceladas por motivos políticos en Cuba. Sin embargo, la información recopilada por Cubalex, Justicia 11J y Prisoners Defenders muestra un patrón de especial vulnerabilidad.

Uno de los casos recientes es el de Francisco Rangel, de 65 años, recluido en la prisión Canaleta, en Matanzas. Según denunció su esposa, Regla Burunate, fue trasladado de urgencia a la enfermería del penal el 18 de julio tras sufrir complicaciones cardíacas. Pese a su delicado estado de salud, su edad y haber cumplido cinco de los seis años de condena, las autoridades no le han concedido beneficios penitenciarios ni han evaluado una posible excarcelación por razones humanitarias.

Cubalex también alertó sobre la situación de Félix Navarro, de 73 años, preso en Agüica, quien padece diabetes y otras enfermedades crónicas que requieren seguimiento especializado.

La organización incluyó además a Lisandro Betancourt y Ariel Eugenio Arzuaga entre las personas mayores de 60 años que han denunciado la falta de atención médica durante su encarcelamiento. En el caso de Betancourt, también reportó la negativa de asistencia sanitaria a otros reclusos.

En febrero murió en la prisión de Boniato, en Santiago de Cuba, Mariano Ocaña, de 66 años. Según Cubalex, sufría desnutrición severa y no recibió la atención médica que requería.

Aunque el Código Penal permite reducir la sanción a personas mayores de 60 años en determinados casos, su aplicación depende de los tribunales. Cubalex recordó que el estado cubano tiene la obligación de garantizar la vida, la salud y la integridad de las personas bajo su custodia y advirtió que negar o retrasar injustificadamente la atención médica puede constituir tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, conforme a los estándares internacionales de derechos humanos.