CUBA: ÚLTIMO LUGAR EN LIBERTAD DE PRENSA EN AMÉRICA LATINA

Cuba volvió a aparecer entre los países con peores condiciones para el ejercicio del periodismo, al ubicarse en el puesto 160 de 180 naciones en el Índice Mundial de Libertad de Prensa 2026 elaborado por Reporteros Sin Fronteras. El informe señala un aumento de las restricciones y presiones sobre periodistas que trabajan fuera de los medios estatales.

De acuerdo con la organización, el marco legal y constitucional vigente, que establece la propiedad estatal de los medios de comunicación, limita de forma severa el ejercicio del periodismo independiente y reduce el acceso de la ciudadanía a fuentes informativas diversas. En el contexto regional, el país aparece con el resultado más bajo de América Latina.

La clasificación de este año otorga a Cuba 29,22 puntos sobre 100, lo que la mantiene entre los peores desempeños a escala continental y mundial. El informe describe un escenario marcado por vigilancia, controles administrativos y restricciones a la movilidad de periodistas, especialmente en momentos de tensión social.

Entre los hechos recogidos se incluyen situaciones ocurridas en marzo, cuando varias reporteras denunciaron limitaciones para desplazarse y realizar coberturas informativas vinculadas a protestas por la crisis energética.

En uno de los casos, la periodista Camila Acosta, del medio digital Cubanet, informó que la presencia de agentes de seguridad en las inmediaciones de la Universidad de La Habana le impidió cubrir una protesta estudiantil.

Ese mismo mes, la periodista Yoani Sánchez, directora del diario 14ymedio, reportó que no pudo salir de su edificio tras la intervención de un agente de civil, hecho que quedó registrado en video. También fue documentado el caso de Mabel Páez, directora del medio local El Majadero de Artemisa, quien recibió una advertencia oficial que le impedía salir de su vivienda por tiempo indefinido.

Según el informe, estas prácticas buscan limitar la cobertura de hechos considerados de interés público y se han vuelto más frecuentes desde las protestas del 11 de julio de 2021, cuando aumentaron las detenciones breves, la vigilancia y las restricciones de movimiento a comunicadores.

El documento también hace referencia al entorno legal vigente, incluyendo la aplicación de la Ley de Comunicación Social y la salida del país de periodistas como José Luis Tan a finales de 2024, elementos que, según Reporteros Sin Fronteras, han contribuido a un mayor control estatal sobre la información y la expresión pública.